Para el Conjuez de la Corte Constitucional, Iván Cancino, mientras menos refrendación popular tenga el renegociado acuerdo con las FARC, más se acerca a la ilegalidad y a la Corte Penal Internacional.

Cancino habló este sábado en el foro jurídico sobre los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, evento organizado por la Cámara de Pensamiento Caribe.

Tras asegurar la falta de piso jurídico del nuevo acuerdo, Iván Cancino detalló las falencias del mismo.

“El problema comenzó cuando fue titulado ‘el acuerdo para una paz estable y duradera’, pero una paz con un solo grupo y además por los laditos, con diálogos desconocidos con las FARC así como se viene haciendo con el ELN”, anotó.

Advirtió que si la Corte Constitucional señala que el Congreso es válido para su refrendación, está equivocada, “porque tenemos un Congreso decaído y un Gobierno que no pasa del 20% de popularidad”.

En su concepto, la figura que se pretende utilizar para agilizar el trámite de las leyes para la implementación de los acuerdos, le daría prioridad a los proyectos de La Habana por encima de cualquier otra iniciativa.

A renglón seguido cuestionó la falta de información y compromisos de las FARC.

“Hoy no se sabe cuántos guerrilleros hay, ni la ONU ni nadie lo sabe. Tampoco se sabe cuántas armas, las rutas por donde entraron, quien las vendía, de donde salía el dinero para comprarlas. Tampoco se sabe quien manejaba la nómina de las FARC”, indicó

En el caso del narcotráfico, “no hay reales compromisos de verdad con instrumentos para materializar la entrega de rutas, compradores, vendedores, testaferros. Las FARC vienen pontificando con el narcotráfico como si no fuera con ellos”.

Y recalcó: “Era absurdo que dijeran que las FARC no tenían bienes. No hay un compromiso de la guerrilla sobre el origen de sus recursos. No han dicho donde tienen enterrado el dinero, que va a jugar un papel importante en las elecciones de 2018. Y ojo con el lavado de activos, con el dinero de ‘donaciones internacionales’, etc, que pudiese entrar a las nuevas organizaciones que se crearon con los acuerdos”.

En su concepto, si también se pretende indultar la ‘Farcpolítica’, lo ideal sería que los involucrados le den la cara al país.

A su juicio, tampoco existe claridad sobre las 5 curules en Cámara y Senado en 20188 y 2022, “es decir, si van a ser nuevas o entre las existentes”, advirtiendo otros privilegios como la financiación inmediata y asegurada y la vocería en las comisiones donde se discutan temas de La Habana, los cuales no tendrían validez si no son notificados a los representantes de las FARC.

Además, cuestionó la representación de las FARC en el Consejo Nacional Electoral por encima de otros partidos que jamás han tenido representatividad en dicho ente.

Igualmente, “para las víctimas resulta una afrenta el hecho que el nuevo partido político se llame ‘FARC-EP’. Es una verdadera humillación”.

Más grave aún, puntualizó, “es que en los acuerdos no se habla de penas sino de sanciones, no se dice lugar de reclusión sino lugar de residencia y los secuestros los quieren meter como aprehensiones”.